El acuerdo, suscrito por 19 instituciones públicas y tres organismos empresariales, establece como principio central que el acero utilizado en las compras gubernamentales sea de origen nacional o producido en el país. La iniciativa forma parte de una política industrial más amplia orientada a consolidar cadenas de suministro locales y aprovechar el contexto del nearshoring.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la estrategia se articula en tres ejes principales. El primero es el de compras públicas, que contempla la coordinación entre dependencias, la realización de encuentros de negocio entre gobierno e industria, así como incentivos para promover el contenido nacional y la sostenibilidad.
Desde el sector económico, el secretario Marcelo Ebrard subrayó que el acuerdo busca facilitar las operaciones de la industria siderúrgica, incrementar su participación en el mercado interno y elevar su competitividad.

Por su parte, la industria privada, representada por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, se comprometió a garantizar calidad, abasto oportuno y precios competitivos, así como a incrementar la participación del acero nacional en proyectos públicos.
El acuerdo también busca preservar más de 90 mil empleos vinculados al sector y dar certidumbre a las inversiones en curso. Con ello, el gobierno pretende consolidar a la industria siderúrgica como un pilar del desarrollo económico, alineando la política pública con la expansión de la infraestructura y la relocalización industrial en México.