Esta ley, impulsada por los diputados de Morena y el PVEM, establece que la venta de inmuebles deberá contar con Manifestaciones de Impacto Ambiental autorizadas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMAQroo), lo que busca asegurar que los proyectos inmobiliarios no perjudiquen los ecosistemas locales.
La reforma también incluye medidas para que notarías y el Registro Público de la Propiedad solo puedan intervenir en la inscripción de inmuebles si estos cumplen con los requisitos ambientales, cerrando las puertas a la formalización de desarrollos inmobiliarios que no hayan sido evaluados en términos de su impacto ambiental.
Además, los asentamientos humanos deberán contar con autorizaciones de impacto ambiental para poder ser registrados. Esta iniciativa está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, enfocándose en un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y en mitigar los efectos negativos que el desarrollo urbano no regulado ha generado en el estado.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la modificación del Artículo 24, que ahora incluye requisitos adicionales relacionados con la evaluación de impacto ambiental para diversos tipos de infraestructuras, tales como la construcción de vialidades regionales y metropolitanas, caminos rurales, y otras obras que puedan tener un impacto significativo en el entorno natural. Esta modificación fortalece los mecanismos de control sobre las actividades de construcción, asegurando que se realicen bajo un marco legal que priorice la protección del medio ambiente.
Por último, esta reforma legislativa es un hito en la lucha por preservar los espacios naturales de Quintana Roo y garantizar que el desarrollo inmobiliario en el estado se realice bajo criterios estrictos de sostenibilidad y protección ambiental. Puede ser el principio para que muchas otras entidades se sumen para lograr un desarrollo planeado y sustentable.