Proponen considerar al programa carretero como causa de expropiación.
Senadores panistas, priistas y perredistas propusieron reformar la Ley de Expropiación, para incluir el programa carretero en el catálogo de causas de utilidad pública con fines de expropiación.
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Por Notimex
CUIDAD DE MÉXICO.- Senadores panistas, priistas y perredistas propusieron reformar la Ley de Expropiación, para incluir el programa carretero en el catálogo de causas de utilidad pública con fines de expropiación.
En entrevista, el senador Ricardo García Cervantes dijo que la reforma permitirá que la ocupación del bien expropiado por el Estado se haga inmediatamente después de emitida una declaratoria, sin oír previamente al afectado.
Sin embargo, "en todo momento se respetará la garantía de audiencia del afectado con posterioridad y antes de que se disponga definitivamente de la propiedad", agregó.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que la propuesta pretende evitar retrasos en la aplicación de recursos públicos destinados a la construcción de infraestructura carretera y ferroviaria nacional.
Con ello se evitará el subejercicio presupuestal y se promoverá el desarrollo económico que requerimos para enfrentar la crisis financiera, afirmó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara alta.
Sostuvo que el programa de infraestructura carretera y ferroviaria que estableció el gobierno federal requiere medidas legales para fomentar la aplicación transparente, responsable, pero sobre todo oportuna del presupuesto.
García Cervantes dijo que con esto se crearán condiciones para la aplicación inmediata del presupuesto 2009, cuya inversión en mantenimiento de carreteras y ferrocarriles será por de más de 60 mil millones de pesos.
Aseguró que los programas de infraestructura carretera que requieran la expropiación de bienes inmuebles en beneficio de la colectividad, serán un importante mecanismo de inversión directa para la generación de empleos.
La iniciativa de reformas a la ley de Expropiación, firmada también por los senadores Fernando Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Tomás Torres, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue turnada a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.