El gobierno de Perú anunció nuevos esquemas para realizar proyectos de infraestructura. Entre las novedades, destaca que las líneas 3 y 4 del metro de Lima y la Carretera Central serán ejecutadas a través de la modalidad G2G (gobierno a gobierno) u obra pública. Además de 75 colegios, 44 hospitales y centros de salud, 24 obras de saneamiento y agua potable.
Las obras suman una inversión de más de 21 mil millones de soles, una cantidad menor a lo destinado en años anteriores por Proinversión. Cabe mencionar que aunque el presidente Martín Vizcarra no dio detalles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que se definirán los plazos y los procesos que deben ejecutarse en las próximas semanas.
Ante el anuncio del ejecutivo peruano, el exministro de Economía Alonso Segura consideró que es irresponsable anunciar el uso del esquema público masivamente, pues puede implicar que el Estado asuma riesgos más adelante por las obras concretadas y que no haya un responsable. A ello, añade que es cuestionable el espacio fiscal que pueda existir para llevar a cabo los proyectos en simultáneo.
“El primer problema de este esquema es que toda la plata contra ejecución la pone en el momento el Estado peruano. Con todo lo que tiene que hacer por la crisis del COVID-19, ¿tiene 30 mil millones de soles para meter en cinco años en dos nuevos proyectos? ¿Tiene para financiar contra ejecución inmediata? No lo tiene, pero además no tenemos un marco macroeconómico vigente, no tenemos proyecciones fiscales y por eso se pueden permitir decir estas cosas”.
Mientras que otros especialistas señalaron que la construcción de la obra podría iniciar hasta el 2023. Ya que en el 2021 sería el contrato con el gobierno; en el 2022, los estudios ambientales y de ingeniería. “Hasta esa fecha claramente tienes que hacer algo. Tienes el primer grupo de aeropuertos en el norte, 800 millones de dólares por ser aprobados con estudios técnicos que tiene el MTC; y si los apruebas, inyectas ya ese dinero para hacerlos. Esa magnitud de inversión no debería esperar hasta el 2023”, puntualizó Camilo Carrillo, economista del Consejo Privado de Competitividad del país.
/Con información de El Comercio./