Según el director del organismo, Eduardo Bohórquez, de cada tres empresas constructoras, dos desconocen cuáles son las responsabilidades administrativas y penales que ya están vigentes “y esto es un foco de preocupación", comentó.

Según datos de Transparencia en su capítulo ‘México, el sector de la construcción’ es el que más riesgos tiene de caer en prácticas de corrupción.

La encuesta fue presentada en el Foro de Responsabilidad Penal y Administrativa de las Empresas de la Industria de la Construcción, organizado en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que tomó una muestra a 62 empresas.

De la totalidad de las empresas encuestadas sólo siete cuentan con una política anticorrupción. La Ley General de Responsabilidades Administrativas no sólo sanciona a servidores públicos, sino también a personas físicas y morales. Entre las sanciones se contempla la aplicación de multas, clausuras, suspensión de funciones, inhabilitación para licitaciones gubernamentales e intervención judicial, entre otras.