A las grandes inmobiliarias que operan recursos de la Secretaría de Desarrollo Territorial, el Congreso de la Unión les debe "amarrar las manos" e incentivar la creación de sociedades inmobiliarias ejidales, expresó Carlos Sandoval, director general del Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica.

Comentó el directivo que las reglas de operación de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) deben ser flexibles para los campesinos.

Explicó que el presupuesto que se estima para esa dependencia federal, a través del Programa Especial Concurrente 2014, suma más de 26,376 millones de pesos (mdp), y en específico para el Programa Vivienda Rural se destinarán 1,038.7 mdp.

No obstante, programas como el de la Mujer Agraria (Promusag) y el de Joven Emprendedor Rural apenas alcanzan 1,141.8 mdp y 200 mdp, respectivamente, capital con el que se podrá hacer poco para incentivar la productividad de futuras empresas rurales, comentó.

Por eso, el titular del CMIT ve conveniente que sean los campesinos y ejidatarios quienes decidan la forma de reactivar económicamente sus tierras, sin que se les obligue a venderla para desarrollos inmobiliarios, publicó un periódico de circulación nacional.