"Auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización del Estado de México a obras de Infraestructura en diez años, demuestran que en su gran mayoría, los contratos de obra han sufrido modificaciones respecto de las previsiones originales relativas a montos de inversión, plazos de ejecución y puesta en operación, con las consecuentes repercusiones sociales y económicas para el país", dijo Salazar.

Precisó en una nota de Notimex que dichas auditorías concluyeron que las principales causas que provocaron modificaciones al plazo de ejecución de las obras fueron proyectos incompletos o deficientes en 65% de los casos; suspensión de las obras en 10%; falta de licencias y/o permisos en 6.3%; falta de liberación del derecho de vía en 5% y otros factores en 13.7%.

De acuerdo con el directivo, la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, promueven políticas de control y de un mero cumplimiento documental por encima de la eficiencia, el desempeño y los resultados, lo que se ha traducido en mayores costos y en baja calidad de la infraestructura.