Por Notimex CIUDAD DE MEXICO.- Analistas económicos del sector privado proyectaron que el déficit económico del sector público se ubicará en 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), por arriba del 1.8% autorizado para el presente año La debilidad del mercado externo, la desaceleración de la economía y la caída de los ingresos derivado de la menor producción petrolera, serán los principales factores que llevarán al gobierno federal a un mayor endeudamiento, coincidieron los expertos. De hecho, de acuerdo con la Encuesta mensual que difunde el Banco de México (Banxico), los especialistas señalaron que dicho déficit podría llegar hasta 2.6% del PIB durante 2010. Para 2009, el Congreso aprobó en el dictamen de la Ley de Ingresos un déficit público de 1.8% del PIB, lo cual le permitiría al gobierno federal contar con recursos extraordinarios para atenuar el impacto de la crisis global en la economía mexicana. Sin embargo, dada la mayor afectación en la actividad económica derivada también de la epidemia de influenza, y que se prevé que la recuperación todavía tardará, tanto el gobierno federal como legisladores consideran ampliar dicho déficit para el 2010. De hecho, se prevé que en el Paquete Económico del próximo año, que se presentará el próximo 8 de septiembre al Congreso de la Unión, se incluya una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha reforma buscará permitir al gobierno federal registrar o aumentar su déficit público en ciclos de desaceleración económica, el cual sería eliminado una vez que se estabilice o inicie una recuperación. El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República , José Isabel Trejo, se pronunció por incrementar entre 1.0 y 1.2 puntos porcentuales del PIB a lo ya aprobado para el presente año, lo que permitiría contar con entre 70 mil y 100 mil millones de pesos. Dichos recursos tendrían que etiquetarse para gasto social, generación de empleos y combate a la pobreza primordialmente, pero reiteró que tendrá que elevarse el déficit de forma razonable, a fin de que las calificadoras internacionales no consideren que se actúa en forma irresponsables respecto al endeudamiento.