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El Senado aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de impulsar proyectos clave para el desarrollo económico de México.

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El Senado de la República aprobó, tanto en lo general como en lo particular (con 84 votos a favor y 28 en contra), la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, un nuevo marco legal que busca detonar proyectos clave para el crecimiento económico del país. También modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Posteriormente, la Mesa Directiva envió el dictamen al Ejecutivo Federal. Con esta nueva ley, integrada por 141 artículos, se busca establecer reglas claras para impulsar la inversión y facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura pública estratégica, con la participación de los sectores público, privado y social.

 

Cabe señalar que el decreto fue publicado el 9 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que la legislación entra en vigor al día siguiente de su difusión oficial.

 

Un nuevo modelo de inversión con enfoque social

La nueva ley establece mecanismos para promover proyectos de infraestructura considerados estratégicos, es decir, aquellos que contribuyan al desarrollo económico, la integración territorial y el acceso a servicios básicos como energía, agua, transporte, salud y educación.

El objetivo central es impulsar el crecimiento económico con un enfoque de “prosperidad compartida”, reduciendo desigualdades y fortaleciendo la competitividad del país.

Para ello, se contempla la participación coordinada de distintos actores mediante esquemas mixtos de inversión, donde el Estado puede colaborar con empresas privadas y otros sectores para financiar, desarrollar y operar proyectos estratégicos.

Sin impacto automático en el gasto público

Uno de los puntos clave de la legislación es que no autoriza por sí misma recursos públicos ni endeudamiento. Es decir, los proyectos deberán cumplir con las reglas presupuestarias vigentes y contar con las autorizaciones correspondientes.

Además, el decreto establece que no se asignarán recursos adicionales para su implementación, ya que los gastos deberán cubrirse con el presupuesto existente de las dependencias.

 

 

Creación de un órgano estratégico

La ley contempla la instalación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, que será el encargado de evaluar, priorizar y determinar qué proyectos pueden acceder a apoyos o esquemas de financiamiento.

 

También, este órgano tendrá la tarea de definir una estrategia nacional de inversión con visión de corto, mediano y largo plazo, así como coordinar la participación entre sectores.

 

El Consejo deberá instalarse en un plazo máximo de 120 días tras la entrada en vigor del decreto.

Nuevos instrumentos financieros

Destaca entre los mecanismos previstos el uso de Vehículos de Propósito Específico, estructuras que permitirán canalizar recursos y mejorar las condiciones de financiamiento de los proyectos, sin generar obligaciones directas para el gobierno federal.

Asimismo, se contemplan apoyos como acceso a financiamiento, garantías y posibles estímulos fiscales, siempre bajo los límites del marco legal vigente.

Ajustes al marco presupuestario

Como parte del decreto, también se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de mejorar la transparencia y el registro de los proyectos de infraestructura, incluyendo sus riesgos financieros y compromisos a largo plazo.

Enfoque en eficiencia y coordinación

 

La legislación establece que los proyectos considerados elegibles tendrán prioridad administrativa en trámites y procesos, con el objetivo de agilizar su ejecución, aunque sin eximirlos del cumplimiento de normas ambientales, urbanas o regulatorias.

 

Claves de la nueva ley

  • Impulsa inversión en infraestructura estratégica con participación público-privada
  • No implica gasto automático ni endeudamiento
  • Crea un Consejo para evaluar y priorizar proyectos
  • Introduce nuevos mecanismos financieros y esquemas mixtos
  • Busca reducir desigualdades y fomentar el desarrollo regional