La deforestación y degradación ambiental afectan a un 84% de la extensión de todo México, pues se sabe que de 2015 a 2020 la deforestación en México ha ido en aumento, con un promedio neto anual de 127,800 hectáreas.

La Comunidad Climática Mexicana (CCM) y CDP Latin America elaboraron una encuesta que revela que durante los últimos cinco años, la sequía se ha agudizado en todo el país, tan solo en 2022 impactó a un 56% del territorio.

Debido a sus características geográficas y socioeconómicas, México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático. Alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los efectos del cambio climático.

La deforestación ha contribuido directamente a acentuar las sequías y, junto con otros factores del cambio climático, esto se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.

Así lo revela la nota factual 'Resiliencia ante el cambio climático: Avances en adaptación y acciones para prevenir la deforestación en estados mexicanos', presentada por CDP Latin America y la Comunidad Climática Mexicana (CCM), resultado de una encuesta realizada a 26 entidades federativas —que concentran al 77.4% de la población del país— sobre sus acciones y políticas ambientales y climáticas.

Durante la presentación en línea de estos resultados, se reveló que 21 estados afirmaron que la deforestación es un problema para su territorio y reconocieron como principales detonadores a los incendios forestales, el cambio de uso de suelo para ganado, la tala ilegal y la agricultura a pequeña y gran escala, lo que ha derivado en una afectación de 84% de todo el país.

Detallaron que frente a la situación de deforestación actual, diversas medidas han sido desarrolladas por los estados, tales como mejorar el desarrollo rural sustentable; aumentar la resiliencia de negocios y de personas al estimular cadenas de suministro sostenibles; conservar la biodiversidad, y mantener la calidad de los suelos y del agua.

Agregaron que entre las principales fuentes financieras para la implementación de los programas de REDD+ jurisdiccional en estados mexicanos, se identifican acuerdos bilaterales con el Green Climate Fund (GCF), el programa UN-REDD+ y mecanismos voluntarios del mercado de carbono.

Por lo tanto, en el documento presentado se recomienda acelerar las acciones para reforestar bosques, restaurar ecosistemas dañados y desarrollar soluciones de conservación, lo cual es un reto para los estados, pero también es una oportunidad para unir esfuerzos entre los gobiernos subnacionales y los actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el sector financiero.

La nota factual advierte que, si ciertos territorios de México llegasen a enfrentar sequía severa, extrema o excepcional durante un mes, las pérdidas anuales del PIB podrían ser de entre 3,000 y 4,000 millones de dólares en el sector de manufactura y de hasta 1.6 mil millones para el sector agrícola.

Entre las conclusiones del evento se destacó que aunque existe un avance importante desde el nivel subnacional en materia climática, aún falta mucho por hacer. En este sentido, la coordinación y trabajo en conjunto con distintos actores puede catalizar la acción climática necesaria. Tal es el caso de la colaboración de la Comunidad Climática Mexicana (CCM) y la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales (ANAAE) en México.

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