Posterior a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara inaplicable el concepto de los diputados, senadores de Morena y del Presidente Andrés Manuel López Obrador para politizar y popularizar el proceso de Revocación de Mandato, Obrador propuso desaparecer a ese órgano y al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de una votación.
“Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados. De manera directa. Se acabó”.
Para ello, dijo en su conferencia, la iniciativa se mandaría primero a la Cámara de Diputados, donde Morena, que tiene la mayoría simple, aprueba prácticamente cualquier mandato del Ejecutivo.
Aunque matizó indicando que la idea es que los tres Poderes de la Unión “presenten a sus candidatos, ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad", por ley y por mayoría simple, Morena acapara el Senado, la Cámara de Diputados, y aunque no tiene que ver en el proceso, también controla prácticamente todo lo que pasa en el Congreso de la CDMX.
Lo anterior, sería en la misma línea, donde funcionarios aliados de la 4T han sido ratificados por Morena y Obrador, como el caso de los titulares del Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda (SHCP), el Fiscal Gertz Manero (FGJ) y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o los magistrados afines a López Obrador, como Loretta Ortiz, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La medida se aplicaría, sentenció, posterior a su elección de Revocación de Mandato, que sería el 10 de abril próximo.
Al respecto, El doctor César Astudillo, especialista en derecho constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la ocurrencia presidencial es similar a una de Bolivia, donde se eligió por voto ciudadano a los magistrados electorales pero que se quedó en “pésimos resultados”.
El constitucionalista expresó que la amenaza presidencial es un mensaje poco democrático: “Si ellos no hacen lo que yo quiero, los voy a quitar”, pero al mismo tiempo se trata de debilitar la autonomía y desprestigiar al INE y al TEPJF.
Por su parte, José Perdomo, experto en derecho electoral y constitucional de la Universidad La Salle, dijo que la iniciativa que va contra del sistema electoral mexicano, ya que busca violentar la división de poderes y “es un evidente ajuste de cuentas”.
Con información de El Economista y El Universal.