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El municipio se unió al proyecto Municipios Competitivos, liderado por CEESP, para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

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A fin de favorecer un clima de negocios más competitivo que impulse el crecimiento económico y la generación de empleo, el municipio de Monterrey se unió al proyecto ‘Municipios Competitivos’, liderado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Esta iniciativa tiene dos objetivos principales: promover la mejora regulatoria a través de la simplificación de trámites administrativos y servicios municipales; y fortalecer a los empresarios locales para impulsar su participación y cumplimiento regulatorios.

 

La iniciativa es financiada de manera conjunta por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el sector privado mexicano; se integrarán 14 entidades más.

 

Las principales actividades del proyecto serán familiarizar a servidores públicos municipales con el ciclo de gobernanza regulatoria y capacitarlos en el uso de herramientas de gestión; fortalecer el marco regulatorio municipal; simplificar trámites administrativos y servicios municipales.

Además de mejorar el proceso de inspecciones, entre otros, “todo esto se traducirá en una menor carga regulatoria para el municipio en beneficio de sus habitantes y empresas”, señaló el centro del sector privado en un comunicado.

 

Áreas de oportunidad para el municipio

Monterrey sobresale por su actividad industrial, generación de ingresos y por una importante integración en las cadenas de valor en la región de América del Norte; Estados Unidos es el principal país de origen de la inversión extranjera directa de Monterrey con mil 451 millones de dólares de enero a septiembre de 2021.

Y aunque ocupó el quinto lugar a nivel nacional, de un total de 88 municipios evaluados por el indicador IENMR, a nivel estatal un 81.8% de las empresas identificaron costos monetarios de cumplimiento regulatorio por un valor promedio de 114 mil 564 pesos por unidad económica en el 2020.

 

 

Asimismo, el costo social agregado del estado respecto a una serie de trámites y servicios representa 2.68% del PIB de Nuevo León, por lo que existen áreas de oportunidad para reducir este costo en materia de acumulación de requisitos y resolución de trámites.