Los líderes de los siete países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) consideran un cambio en sus constituciones para introducir la obligación a vacunarse contra el Covid-19, como un esfuerzo para detener los contagios, incluso las muertes derivadas de la enfermedad.

Para lograrlo, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Montserrat, se respaldarían en un reporte médico que advierte que en el contexto de una pandemia, es mejor vacunarse que no hacer nada.

Así, los países subregionales del OECS estarán bajo bases legales en su búsqueda de leyes que respalden la vacunación obligatoria a pesar de que existan argumentos en su contra alegando que se eso es una violación de derechos humanos.

El asunto de la vacuna obligatoria surge no solo en estos siete países de la OECS, sino en los territorios de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que los gobiernos instan a los habitantes a que se vacunen, como parte de los esfuerzos por detener los casos de covid.

“El documento intenta proveer una clara y concisa narrativa sobre las decisiones que se deberán tomar, y enfatiza que la vacunación obligatoria, al igual que otros temas emergentes de la pandemia, provoca ciertos grises a la ley, especialmente la Ley Laboral”, afirmaron los juristas, de acuerdo con una publicación de EFE.

En resumen, explicaron que la vacunación obligatoria es generalmente justificable en ley, tanto a nivel constitucional como nivel del sector privado. Los juristas argumentaron además que existen dos conocimientos básicos relacionados con la legalidad de hacer la vacuna de manera obligatoria.

La primera es sensatez, en la que se discute que bajo una premisa subyacente sea la que asegura que bajo la seriedad de una pandemia, en la que se amenaza la vida y diario vivir de las personas, por lo que la vacunación es una decisión razonable para la protección de las vidas en contraste con no hacer nada.