El sector desarrollador de infraestructura busca un nuevo esquema para posicionarse en la agenda nacional. Más que la subcontratación, busca hacer sociedad con el capital internacional.
Estos son los 10 puntos de la agenda para detonar la inversión nacional e internacional en el sector infraestructura de México.
Proyecto del Tren Maya.
1. Inicio del Gobierno Federal
Está iniciando el Gobierno Federal. Lo benéfico será hacer adecuaciones porque se ven venir muchas obras y en el sector queremos que todas sean a través de licitaciones públicas, de una competencia abierta y transparente para que todos los ciudadanos puedan estar atentos a las empresas que participan.
En cuanto a la asignación de obras directamente, como hizo el Ejecutivo en Tabasco (con la nueva refinería), aunque en la entidad se permitía adjudicar obras directamente, ello no da oportunidad de una competencia real.
El Gobierno Federal —antes de iniciar los grandes proyectos en México— necesita primero invertir en el mantenimiento de los anteriores proyectos de infraestructura. Donde quiera que se voltee a ver, se necesita. Lo reclama la sociedad.
2. Planeación de largo plazo
Los países desarrollados a nivel mundial tienen una planeación en infraestructura. En México, según la Ley de Planeación, está restringida al periodo en el cual elegimos a nuestros gobernantes. Pero la certidumbre para el empresario que desea invertir en el país no es solamente a seis años. Los recursos y las Asociaciones Público Privadas (APPs) son a 10, 15 y 20 años.
Durante la realización de obras, la cadena productiva se beneficia por toda la compra de insumos. ¿Qué le interesa a la iniciativa privada, a la que invierte? Que se realice una planeación a largo plazo de las obras que se van a realizar. Por eso estamos llamando a crear un Instituto de Planeación, pero puede ser un consejo o grupo que funcione sobre una base financieramente posible y vinculante.
No podemos estar inventando obras cada sexenio o que se ejecuten obras si no se hace una planeación que tenga que ver con proyectos ejecutivos. Esta propuesta es viable con una aportación de 0.5% de cada una de las empresas que ejecuten obra pública federal.
México necesita incorporar más a las pymes en construcción.
3. Nuevo marco legislativo competitivo
En marzo realizamos diferentes foros en los que abordamos temas como la planeación del presupuesto, temas relevantes como el Banco de Proyectos, porcentaje de contenido nacional en obras, apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (pymes); procedimientos de licitación y contratación, calificación de procesos, análisis de costos de referencia y costos directos, revisiones binarias; ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, evaluación del Compranet —queremos que sea una plataforma más extensa y puntual— para que no nos esperemos a que concluya la obra para ver si se le califica bien o mal.
Aquí pedimos que cada 15 días se pueda estar subiendo información (fotografías, avances financieros, y avance de ejecución de obra o posibles afectaciones durante la obra) ahí veremos si con ajustes, las obras verdaderamente cuestan 5% más. Si el gobierno quiere transparencia, simplemente hagámoslo. Si el Presidente de la República ha dicho que se barre de arriba para abajo, queremos que la sociedad esté al pendiente de lo que pasan con los recursos públicos. Si una empresa coló 10 metros cúbicos, que se los paguen.
4. Desarrollo con contenido regional
A nuestra industria se le ha señalado sobre actos de corrupción de algunas empresas, por lo que queremos que las modificaciones vayan encaminadas a la profesionalización, capacitación permanente y que cuenten con contenido regional. En el país han sido relegadas sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes) que representan 96% de los afiliados en las 44 delegaciones, por ello estamos buscando un incentivo de ley para la región.
Si el Presidente de la República ha mencionado que es necesario que se desarrollen las regiones, entonces aquí habrá una gran generación de empleo cuando el sector se active. En el sector hemos sido subcontratados. Queremos que dentro de la ley, si alguna empresa extranjera va a trabajar en la industria de la construcción en nuestro país, que se invite a las empresas mexicanas, pero como socios en el tema de la construcción; no en el financiamiento.
5. Mayor transparencia
Por mucho tiempo en el sector entraron empresas improvisadas que causaron daños al país y que dejaron obras tiradas. Al arranque del gobierno, 65 empresas se beneficiaron de una competencia abierta y transparente, lo que no pasó en el sexenio pasado.
Además, las obras deben contar con bitácoras electrónicas y análisis de costos para justificar los incrementos en los costos en las obras; de por qué se metió más asfalto acá, o se niveló un poste no contemplado, o si un cimiento requirió más profundidad para hacer un basamento o se necesitó tanto pavimento o equipo. Hay que tomar en cuenta que los gastos extra se pueden bajar a cero cuando un proyecto ejecutivo está completo. Si está incompleto, no se puede evaluar los costos emergentes. Actualmente estamos esperando precisamente los Proyectos Ejecutivos del Tren Maya, del Tren Transpacífico y la refinería para participar, entre otros.
Proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía.
6. Integración de profesionales
Los Proyectos Ejecutivos no se realizan de un día para otro ni se hacen en las rodillas. Empiezan con una buena idea y sí, pueden ser de un buen gobernante, pero tienen que pasar por una evaluación técnica, para ello existen profesionales en la materia: ingenieros, arquitectos, urbanistas y desarrolladores que salen cada semestre de nuestras universidades. Tenemos que integrarlos, porque si se requiere alguna innovación tecnológica, se puede implementar.
7. Cambios en la banca de desarrollo
Aquí hay mucha incertidumbre también. Pero en estos primeros meses estamos viendo cosas positivas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con cierta apertura; pero en otras cosas no coincidimos. Por ejemplo, con lo del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, el Presidente de la República anunció que lo iba a realizar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Nosotros le hemos dicho “Señor Presidente, por favor reconsidere” porque hay empresas con capacidad en Puebla, Hidalgo, la CDMX, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro que quieren participar. No dudamos que el Ejército tiene capacidad, pero la riqueza de este país se genera a través de la iniciativa privada. Queremos competir con Sedena. Referente a la fusión de Banobras con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), no lo tenemos tan claro. Para este año estamos estimando una inversión de 680 mil millones de pesos, que significa un aumento real de 4.7% de incremento real que tendríamos para el año 2019.
8. Asociación sí; subcontratación inhibe desarrollo
Si vienen amigos de otros países, bienvenidos; pero hagámoslo a través de asociaciones; no queremos subcontrataciones, ya que ello nos ha golpeado. Esperamos que nuestras empresas grandes en el sector trabajen como empresas tractoras y se acompañen con nuestras pymes en los grandes proyectos. No queremos tener nada más 40 grandes empresas en el país; queremos tener al menos 200.
9. Interrupción de obras
Si estamos expuestos a que llegue un nuevo gobierno y cancele todo lo que hizo el anterior, ello genera incertidumbre. Ahora, sobre un posible reciclado de materiales de Texcoco a Santa Lucía, todo es posible técnicamente, pero hay que revisar el procedimiento y el costo. Sobre las empresas que continúan en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, se están cumpliendo las estimaciones finales, finiquitos, y lo que pueden reclamar como gastos recuperables, instalaciones temporales, oficinas, grúas, máquinas de soldar, todo el equipo que se utiliza. Están en un periodo de conciliación.
10. No a empresas “fantasma”
En la obra estatal hay poca transparencia, por eso los arquitectos y los ingenieros quieren que haya una ley para que todos accedan a las plataformas de información. Nosotros hemos observado, digamos como si fuera ejemplo hipotético, que si en una obra de Chihuahua gana una empresa de Chiapas, y si resulta que el director de esa dependencia es de ahí, eso genera dudas. ¿Qué van a hacer los otros 14 desarrolladores de Chihuahua? Aquí no puede haber discrecionalidad. Queremos una plataforma de denuncia anónima.
Una nueva Ley de Planeación daría certidumbre al sector construcción.
*Puntos presentados en la ponencia de Eduardo Ramírez Leal durante la Presentación de los Foros Regionales de la CMIC que se realizarán nivel nacional entre marzo y abril de 2019.
Texto Eduardo Ramírez Leal, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC)*
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