Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- El presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, que tiene por objeto flexibilizar los procedimientos para la participación de la iniciativa privada en la construcción de infraestructura. En nota emitida por la Crónica de Hoy se informo que la iniciativa propone que determinadas obras se puedan construir a través de ?asociaciones público privadas? mediante las cuales los particulares obtendrían del gobierno contratos para la construcción de las obras o de servicios a largo plazo, con una vigencia de hasta 50 años. Los contratos que se otorgarán bajo este esquema no se regirían por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, sino por la nueva legislación que se propone, con mecanismos más ágiles para la adjudicación y ejecución. Estos contratos serían ?de la más diversa naturaleza? y a través de ellos los particulares podrían prestar servicios sencillos a las dependencias del gobierno federal o prestar un servicio público al usuario final o a la comunidad, ?para atender una necesidad que corresponde satisfacer al Estado?. El presidente Calderón señala que los esquemas de asociación público privada pretenden satisfacer las necesidades de la colectividad, con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles?. A su vez advierte que la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas se enmarca dentro del esfuerzo de su administración por presentar al Congreso las medidas tendentes a modernizar, simplificar y mejorar los procedimientos de contratación pública para el desarrollo y modernización de la infraestructura nacional. Esta iniciativa contempla que se utilizarán los esquemas de asociación público privada en aquellos proyectos en que la participación del sector privado propicie condiciones de mayor eficiencia y calidad ?por dedicarse de manera expresa y exclusiva al proyecto? que las que alcanzaría el sector público si lo hiciera por sí mismo. También menciona que sería la Secretaría de Hacienda la responsable de determinar las disposiciones relativas a las metodologías que puedan emplearse para determinar la utilización de los esquemas de asociación público privada en cada caso específico. Se prevé que los particulares interesados en desarrollar un proyecto de asociación público privada puedan presentar sus propuestas a las dependencias o entidades correspondientes, sin que éstas las hayan solicitado o hayan convocado a concurso. Si las propuestas son de interés del sector público, podrán llevarse a la práctica pero las dependencias estarían obligadas a convocar a un concurso para la asignación del o los contratos. En caso de que el particular proponente no resulte ganador del concurso, el gobierno federal le otorgará un ?premio? por haber hecho la propuesta y le reembolsará los gastos por la realización de los estudios preliminares. El proyecto será adjudicado a la propuesta solvente que ofrezca las mejores condiciones, sin que ello implique que necesariamente se trate solamente de la propuesta más baja. No será necesario distinguir entre concursos nacionales e internacionales y en ellos podrán utilizarse mecanismos flexibles de evaluación que incorporen criterios de costo-beneficio, ?siempre y cuando se trate de mecanismos objetivos, definidos y cuantificables, que permitan una valoración imparcial?. La iniciativa plantea también agilizar los procedimientos de expropiación, para que los particulares o las autoridades cuenten con los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de las obras. Contempla regular la negociación con los propietarios de los inmuebles y establece que ?si las pretensiones de los titulares de los bienes son exorbitadas y fuera de toda proporción?, la autoridad procederá a la expropiación con apego a la ley.