Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en entrevista con un medio nacional, mencionó que los proyectos “deberán acompañarse de medidas para frenar la inseguridad y la violencia en el país, a petición de los empresarios”.

Asimismo dio a conocer algunos de los proyectos que sobresalen por las cifras invertidas, como es la planta coquizadora, en Tula, Hidalgo, con una inversión por 40 mil millones de pesos, o la rehabilitación de la planta coquizadora en Cadereyta, Nuevo León, por 17 mil millones de pesos y obras en el aeropuerto de Guadalajara por 10 mil 543 millones de pesos.

Enfatizó que estos proyectos son importantes y alentadores que propiciarán la inversión en infraestructura a través de concesiones o APPs. “Es esperanzador, no se revierte este año la caída, pero el primer semestre puede ser interesante si desde el gobierno se promueve, alienta, fomenta y da todas las condiciones respecto al Estado de derecho. Será buena noticia”.

Por su parte Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la UNAM, dijo que “sin lugar a dudas es recomendable incentivar la inversión en creación, mantenimiento y modernización de la infraestructura. Esta política se frenó este año con el nuevo gobierno y se enfrenta a la incertidumbre que está generando con las decisiones que ha tomado, creciendo el riesgo y la desconfianza sobre el respeto al cumplimiento de los contratos”.

Del mismo modo la analista económica y directora de Banco de Base Gabriela Siller, señaló que con la inversión se detona el crecimiento, se mejoran las expectativas y se impulsa al consumo, que se ha desacelerado este año. "Si se llevan a cabo esos proyectos puede propiciarse un mayor crecimiento y disminuir la inercia negativa que lleva México”, subrayó.

/Con información de El Financiero/