La reforma se publicó el 8 de junio y establece que para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de prórrogas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tramitará ante Hacienda la opinión sobre la rentabilidad económica del proyecto; su registro en la cartera de proyectos de inversión; y la determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba pagar al gobierno federal. Dicha medida permitirá darle mayor certeza jurídica a los concursos en los que participen personas físicas y morales en la construcción de obra pública, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Además, en los casos de carreteras y ferrocarriles, la reforma señala que los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán dentro de los costos totales del proyecto, lo que reduce las controversias entre privados y Estado por la adquisición del derecho en el que se construyen carreteras y vías del tren.
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