El Gobierno Federal prevé que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), serían “las nuevas palancas de desarrollo” del país que ejecutarán en 2020 el equivalente al 20% del gasto público total —cerca de un billón 230 mil millones de pesos—, las pérdidas registradas por ambas empresas sumaron 703 mil millones de pesos tan solo al primer semestre (1S20), y como agravante, Pemex presentó en julio el nivel de producción desde 1980, es decir, en 40 años.
Esta situación está relacionada con fallas en el gobierno corporativo de las empresas. En este marco se propuso la creación de un Mapa de vigilancia del Estado sobre empresas productivas. Se trata de un estudio que identifica, funciones y responsabilidades del Estado mexicano: como dueño de Pemex y CFE; como regulador del mercado y como garante del interés de la sociedad.
El análisis además describe casos en los que se evidenciaron fallas u omisiones en las relaciones entre Pemex y CFE y sus vigilantes, desde la compra de Fertinal hasta los criterios en los Certificados de Energías Limpias (CELs), las licitaciones polémicas o la negociación del acuerdo con la OPEP.
Sin seguimiento
Entre las fallas más graves, el estudio destaca una centralización en los mercados por parte del Gobierno para favorecer a Pemex y a CFE; falta de seguimiento del Congreso en objetivos de estas empresas; conflictos de interés a partir de miembros del Ejecutivo en sus consejos de administración; y finalmente, la nula prioridad que el Presidente da a la política anticorrupción.
“Esta administración influye indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en rubros del mercado energético, y estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6 mil 820 millones de dólares en 2018 a sólo mil 119 millones de dólares al primer trimestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía”, equivalentes a más de 5 mil 701 millones de pesos, destacó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Para mejorar la vigilancia, el organismo propuso:
Crear una entidad propietaria de las empresas productivas del Estado; acompañamiento de la política de propiedad a través de un contrato de gestión entre empresa y el Estado, con objetivos e indicadores para la rendición de cuentas y plan de negocios.
Aunado a lo anterior México Evalúa, pidió mayores controles en compras públicas y control presupuestario a programas sociales que no tienen un objeto comercial ante una inminente discusión de la Reforma Energética.