El financiamiento para la construcción de infraestructura en México está por dar un cambio radical, debido a que cada vez habrá mayor participación de inversión privada respecto al financiamiento del gobierno federal o estatal.
Inversión extranjera, empresas mexicanas, financiamiento privado a través de la emisión de CKD es vía bolsa, crédito directo de la banca, pero sobre todo mayor participación de la iniciativa privada con la aplicación de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (APP´s), más la banca de desarrollo, conjuntan un portafolio de oportunidades para financiar proyectos de infraestructura en México.
En el pasado Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Felipe Vilá González, director general de Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, señaló que las perspectivas sobre el financiamiento en infraestructura en la presente administración son positivas, toda vez que se percibe estabilidad económica para los actores financieros.
Explicó que el marco jurídico de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) es pieza clave para incorporar capital privado en el desarrollo de nuevos proyectos con alto impacto social.
Distribuidor vial López Mateos en Baja California, un ejemplo de la asociación público - privado, conecta al oeste a Tijuana, Tecate y Ensenada.
“El gobierno ya pasó una ley APP federal y si un estado no aplica esta ley no podrá desarrollar proyectos, por lo que la legislatura local tiene la encomienda de otorgar una certeza jurídica al inversionista para llevar a cabo los proyectos que se permee en los Estados y luego en municipios”, detalló.
El director general de Corporación Mexicana de Inversiones de Capital afirmó que el sector privado requiere trabajar más a nivel municipal y estatal, ya que en el ámbito federal existe buena articulación entre el gobierno y los actores financieros.
De acuerdo con la consultora KPMG, existen tres esquemas de APP´s para el desarrollo de infraestructura:
- Las concesiones, otorgadas por un proceso de licitación pública a los participantes que acrediten cumplir con la capacidad y experiencia para materializar un proyecto.
- Aprovechamiento de activos, es una variante del modelo de concesiones, consistente en “empaquetar” activos existentes con infraestructura nueva, por construir, o ampliar la existente y se otorgan a través de licitaciones públicas.
- Proyectos de prestación de servicios, otorgados bajo licitación pública. Aquí, la empresa ganadora es responsable de diseñar, financiar, construir, mantener y operar el activo de referencia y la calidad es medida según los indicadores de calidad descritos en un contrato de prestación de servicios.
Acueducto II captará y suminustrará 47 millones de m3 anuales de agua a las ciudades de Querétaro, Bernal y Cadereyta.
Menor inversión pública
De acuerdo con el reporte RECSA, elaborado por la empresa constructora Regiomontana de Construcción y Servicios, el presupuesto asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 2013 es de 73,327 millones de pesos (mdp), 14% menor que el asignado el año anterior.
Resalta el incremento del 21% en el gasto corriente que pasó de 14,570 mdp en 2012 a 17,647 mdp en 2013.
En contraste, la asignación de recursos para inversión física disminuyó un 22% al pasar de 70,974 mdp en 2012 a 55,680 mdp en 2013. Dentro de este último rubro, obra pública decreció un 24% al pasar de 62,529 mdp en 2012 a 47,814 mdp en el presente año.
Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los proyectos más afectados por este recorte presupuestal fueron los proyectos de infraestructura ferroviaria y los de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
El reporte Recsa señaló que en 2013 el presupuesto de egresos de la federación es tendencial considerando que no ha habido una reforma fiscal que dote al gobierno de mayores recursos. Sin embargo, para alcanzar ritmos de crecimiento más acelerados es fundamental que el gasto público se focalice en obra pública racionalizando lo más posible el gasto corriente.
Agregó que aun considerando el escenario de la aprobación de una reforma hacendaria que ampliara los recursos presupuestales, la inversión en infraestructura no puede cimentarse exclusivamente en el gasto de gobierno. La participación de la iniciativa privada es clave, y debe alertarnos el precedente del sexenio anterior, en el que los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012 en cuanto a inversión privada no fueron logrados.
“En este sentido la maximización de los canales de financiamiento que abre la Ley de Asociaciones Público Privadas es indispensable para alcanzar las metas que en materia de infraestructura ha trazado la administración federal 2012-2018”.
El Reporte Recsa concluye que en virtud de que el gasto público en materia de infraestructura será inercial, los cinco ejercicios presupuestales restantes hacia el 2018 deberán ser intensivos en inversión en infraestructura a través de nuevos recursos fiscales y de flexibilidad para el capital privado.
Dichas cifras revelan que ante un menor presupuesto público para inversión en infraestructura, se incrementa la importancia de la inversión privada.
Se duplicará la inversión en infraestructura
Al respecto, Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo en conferencia de prensa que para el presente sexenio se tiene contemplado un presupuesto de 20.8 billones de pesos (bdp), dicho monto es casi el doble de lo invertido en la administración federal anterior, que fue de 11 bdp.
Del monto original (20.8 bdp), señaló que el 60% de ellos provendrán de la iniciativa privada y el resto de fondos fiscales. Zárate Rocha afirmó que para que esto se lleve a cabo, se debe utilizar el esquema de APP´s, además de la banca de fomento nacional para proporcionar créditos.
Este presupuesto incluye los compromisos del presidente Peña Nieto y las propuestas de la propia cámara.
La CMIC sostiene que una de las prioridades de la agenda económica de la presente administración consiste en incrementar la inversión en infraestructura, a través de:
- Promover una mayor utilización de los esquemas de APP´s contemplados en la nueva Ley, con el fin de fomentar una mayor participación del sector privado.
- Buscar elevar la eficiencia y oportunidad del gasto público en este rubro.
- Y promover la realización de evaluaciones sociales y económicas de los proyectos que se realicen, con el fin de que el aumento de los recursos en el sector se refleje plenamente en mejoras en la calidad de la infraestructura del país.
Se espera que la inversión impulsada por el sector público, que incluye la inversión presupuestaria más la realizada por terceros a través de distintos esquemas de contratación y en especial la que se realice al amparo de la Ley de APP´s, pase de 4.3% en 2013 a 4.7% del PIB para los siguientes cinco años.
El tren Suburbano, inaugurado el 7 de mayo de 2008, recorre 27 kilómetros de Buenavista - Cuautitlán.
Banca de desarrollo
Dentro de la economía mexicana, la banca de desarrollo funge hoy en día como el gran coordinador de dependencias, estados y municipios, para que los programas se financien y desarrollen lo más rápido posible.
Se trata del gran catalizador de todas las partes para lograr que los proyectos sean financiables, “Banobras en Estados y municipios, Nafin en el sector industrial y Bancomext en exportaciones trabajan seriamente para los nuevos programas de desarrollo que van a ser muy eficientes”.
En materia de infraestructura, en particular, Banobras, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), es el organismo encargado de otorgar créditos para proyectos de infraestructura, sin embargo, dependiendo del proyecto también pueden participar otros organismos de la banca de desarrollo como Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext).
Al cierre de diciembre de 2012, el saldo de cartera de crédito de la banca de desarrollo se ubicó en 465,000 mdp, lo que representó un incremento de 78% si se compra con el saldo de la misma en diciembre de 2007 y 14% superior a un año previo.
En particular, la cartera de Banobras se ubicó al cierre del año 2012 en 204,000 mdp, poco más de doble si se compra con los 100,000 mdp de 2007.
Para 2013 el presupuesto de la institución es de 38 mil mdp, de los cuales 46% tienen como objetivo el financiamiento de Estados y municipios.
En particular, el Fonadin fue creado en 2008 con los recursos del Fideicomiso de apoyo de rescate de autopistas concesionadas (Farac) y
el Fondo de inversión en infraestructura (Finfra).
Este fondo tiene como objetivo apoyar proyectos de infraestructura en forma de capital a los sectores comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo a nivel general.
Desde su creación ha impulsado inversiones por más de 188,587 mdp, de los cuales 79% han sido proyectos carreteros (unos 148,703 mdp), y el resto se divide entre agua, transporte urbano, turismo y medio ambiente.
Si bien en México ha mejorado mucho la participación de la banca de desarrollo financiando proyectos de infraestructura, es muy bajo con otros países. Por ejemplo, en Brasil, al cierre de 2011 la cartera de crédito otorgada por la banca de desarrollo sumó 256,453 millones de dólares (mdd), mientras en México sumó 40,453 mdd, según el Reporte Recsa.
En particular el comparativo en materia de infraestructura la cartera de crédito de la banca de desarrollo en Brasil fue de 57,524 mdd, mientras en México apenas fue de 10,943 mdd. Mientras en Brasil esos recursos significaron el 2.4% de su PIB, en México apenas fue el 0.4%.
Como conclusión, el Reporte Recsa señaló que el impulso que la banca de desarrollo puede darle a la infraestructura en el futuro no solo depende de la fortaleza institucional de Banobras, Nafin y Bancomext, sino también de la capacidad de las entidades federativas y municipios para sanear sus finanzas públicas e incrementar su capacidad de pago.
Texto Ricardo Vázquez
Fotos: Publicidad MEXICALLI, GRUPOARO, ICA, PANORAMIO, CONAGUA, INFRAMEX, EL UNIVERSAL,Granportalavición.