La iniciativa de López Obrador pretende, de entrada, modificar seis Artículos de la Ley de Hidrocarburos de 2015 y empoderar a la Sener, que dirige Rocío Nahle.

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La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su proyecto de Ley de Hidrocarburos.

Ante ello, los diputados señalaron que la reforma a la Ley de Hidrocarburos busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y reordenar actividades en el sector energético, para “combatir la corrupción, garantizar el abasto, proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado”.

Sin embargo, hay elementos políticos y económicos que deben ponerse en análisis.

Ante la misma, la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que el proyecto de Ley de Hidrocarburos presentada por López Obrador “presenta contradicciones con elementos de la Constitución”.

Es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio relativas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

La iniciativa de López Obrador pretende modificar seis Artículos de la Ley de Hidrocarburos de 2015.

Contiene seis transitorios para la revocación de permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles que no cuenten con almacenamiento.

Los a los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 ordenan que los permisos estén sujetos a que se demuestre que se cuenta con el almacenamiento de cinco días en gasolina y diésel y 1.5 días en turbosina, pudiendo satisfacer 50% de este volumen arrendando otras terminales. 

La iniciativa prevé revocar permisos sobre los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infringen disposiciones. 

La nueva legislación, que empodera a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (Sener), es para que el interesado demuestre contar con la capacidad de almacenamiento determinado.

La propuesta generó controversia entre los empresarios, debido a la posibilidad de que las autoridades, literalmente, “podrán eliminar la competencia, se genere un incremento en los precios de petrolíferos (aceites, gasolinas y combustóleo)”.

Para Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, la reforma además, elevaría las gasolinas y combustibles:

“Al haber menor competencia, va a dejar de haber precios accesibles de los petrolíferos. El mercado va a seguir siendo regulado por el principal oferente de combustibles que se llama Pemex”, argumentó.

Según algunos analistas, existe una posibilidad que los cambios a la ley de hidrocarburos que dejarían la puerta abierta para expropiaciones, se podría detener en tribunales y amparos, para luego llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ser, como la Ley de CFE, detenida o suspendida.

Con información de UNOTV, El Financiero, El Economista y AlMomentoMX.