Ahora que se acerca el final de un sexenio y que un nuevo equipo de funcionarios se prepara para recibir las responsabilidades de Gobierno, se ha presentado un inusitado trajín en el Sector Inmobiliario en general, y en particular en el de la Vivienda, para hacer estudios sobre el sector, porque los diversos grupos que actúan en éste han recibido con entusiasmo el interés mostrado para conocer el estado de la vivienda por los encargados de coordinar la transmisión de las responsabilidades gubernamentales en Vivienda y Desarrollo Urbano.

Algunos estudios comienzan por relatar la evolución de las políticas y acciones emprendidas por Gobierno y empresas privadas decenios atrás para resolver los diversos retos que ha presentado el tema; otros ponen el acento en los problemas del momento y en sus soluciones; algunos piden modificaciones no solo a las leyes y reglamentos que se han venido acumulando para regir esta actividad, sino incluso a la Constitución General de la República.

Así que tenemos soluciones de largo plazo y de corto y, como es natural, se presentan divergencias en la forma de abordar la problemática y sus remedios.

Esperamos que los estudios, que sumarán varios cientos de hojas, láminas con números, estadísticas y gráficas en profusión, no confundan a los nuevos funcionarios, sino que los orienten.

Los nuevos encargados deberán contar entonces con una buena dosis de paciencia para escuchar a unos y a otros; así como buen juicio para encontrar el hilo conductor que les permita desentrañar los problemas de fondo sin confundirlos con los del momento.

Quienes han estado cerca de una buena parte de estos análisis opinan que la nota dominante que describe al sector del desarrollo urbano y la vivienda es que en éste reina el desorden.

Comenzando con que existen pocos planes de desarrollo urbano entre las aproximadamente 200 ciudades en donde se construye, o se debe construir anualmente un volumen importante de vivienda.

Que cuando existen, con frecuencia no se cumplen.

Que muchos son obsoletos y otros cambian con cada nuevo presidente municipal, que ya sabemos duran en su encargo tres años.

Rancho San Juan, Toluca, Edo. de México

Que ante la ausencia de planes de desarrollo urbano muchas edificaciones se realizan en donde el promotor encuentra tierra barata y en municipios que mayores facilidades conceden para otorgar los permisos correspondientes; lo que propicia la aparición de fraccionamientos que no cuentan con los servicios urbanos necesarios para la vida diaria (escuelas, comercios, zonas de recreo, o aquéllas para atender la salud, etc.); pero además están incomunicados o alejados de los centros urbanos e incluso a ciertos les escasea el agua ya desde el inicio. Lo anterior, sumado al desempleo que provocó la reciente crisis económica, de la que no salimos del todo, es la causa principal del abandono de miles de viviendas, algunas de las cuales el adquirente ni siquiera llegó a habitar. Lo que significa un desperdicio millonario de recursos de los que no andamos sobrados

Este desorden, descrito aquí solo en parte, porque faltaría hablar de los problemas de financiamiento para construcción y compra de vivienda; los que persisten en los registros públicos de la propiedad; los derivados de la falta del cumplimiento del estado de derecho; los que ocasionan las deficiencias de la judicatura, etc., ha llevado a pensar a muchos y entre ellos al que esto escribe, que ya es necesario contar con una Secretaría de la Vivienda que con su rango, y apoyada en la legislación del caso, comience a poner orden para optimizar la actividad de organismos públicos, de empresas privadas y de personas físicas que se afanan todos los días en construir y vender las casas que millones de familias necesitan, la cual no tendría que ser tan desgastante, frustrante y onerosa, si estuviera regulada por una dependencia vigorosa y una reglamentación sensata, que muchos de los que estamos en este sector estamos demandando.

Texto:Victor Manuel Requejo Hernández