EL MEXICO QUE SE TRANSFORMA

Real Estate Market 100 Ahora bien, la parte más discu- tible de las reformas de enero de 2014, relacionadas con el desarrollo urbano, que puede implicar graves riesgos para personas físicas y mo- rales dedicadas a negocios inmobi- liarios, es la que se realizó al Código Penal para el Distrito Federal. Por la importancia que reviste el hecho de que el Gobierno del Distrito Federal tipifique como delito algunas con- ductas que podrían ser imputadas a desarrolladores o inversionistas inmobiliarios, por desconocimiento de la ley, aun sin intención de delin- quir, nos enfocaremos a comentar éstas modificaciones. DELITOS VOLUNTARIOS E INVOLUNTARIOS En la reforma de enero de 2014 se incorpora al artículo 231 del Código Penal, que regula delitos equipara- bles al fraude, la fracción XVI, que sanciona como fraude a quien “por cualquier forma transmita la propiedad o prometa transferir la propiedad de un bien inmueble en un conjunto habitacio- nal, comercial o mixto, aun sin construirse, en construcción o construido, a sabiendas de que no exista, según corresponda: a) Certificado único de zonificación de uso del suelo; b) Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiri- dos; c) Manifestaciones de construcción; d) Licencia de construcción especial para demolición; e) Permisos para la ejecución de obras; o, f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, cons- trucción y demolición, independientemente de su denominación; Que le permita edi- ficarlo en la forma en que se describa o prometa en el contrato”. También se creó el artículo 329 bis, que sanciona con cárcel a directo- res responsables de obra o correspon- sables “que autoricen o permitan el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, re- gistro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal” Especial atención amerita el párrafo segundo del mismo ar- tículo, que establece sanción de prisión al “…propietario del inmue- ble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia, au- torización, permiso, registro o la nor- mativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y or- denamiento territorial para el Distrito Federal, con relación a la altura, nú- mero de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autori- dad competente”. El párrafo comentado nos pare- ce en extremo delicado, ya que es común que personas propietarias de algún inmueble, que no necesaria- mente se dedican en forma habitual al giro inmobiliario, lo aporten a un negocio, a fin de que una empre- sa desarrolladora edifique sobre el mismo y venda las unidades resul- tantes. En este supuesto, como se encuentra previsto el tipo penal, no solo la empresa desarrolladora sino también el propietario del inmueble serían considerados como autores de un delito, si se “permite” (sic) la edificación, sin contar con la docu- mentación correspondiente. Otra causa de riesgo evidente para cualquier desarrollador inmo- biliario, deriva de la incorporación del tercer párrafo del artículo 339 que sanciona a quien haga uso de un documento falso o alterado “…o que no sea reconocido por la autoridad que lo expidió” para la obtención de certificados de zonificación, usos de suelo y derechos adquiridos. ¿Qué no sea reconocido? ¿Basta simplemente que la autoridad des- conozca el documento que expide para que un desarrollador cometa un delito? ¿Cómo puede un empre- sario estar seguro de que una auto- ridad reconocerá la documentación oficial que ella misma expide, por ejemplo, cuando existe un cambio de administración en la dependen- cia de que se trate? ¿Es válido qué, como el tipo penal señala, una au- toridad desconozca la documenta- ción oficial que expide? Es innega- ble que, en el supuesto de mérito, estamos en manos de la buena o mala fe de la autoridad. El artículo 329 bis sanciona con cárcel a quienes permitan el desarrollo de una construcción sin apego a la normativa vigente al desarrollo urbano. L e g i s L ac i ón