EL MEXICO QUE SE TRANSFORMA

Real Estate Market 99 L e g i s L ac i ón E l crecimiento urbano debe ser planeado y controlado mediante auténticos siste- mas de expansión para el aprovechamiento de áreas no desarrolladas o subdesarrolladas y el adecuado funcionamiento de áreas superpobladas. La planeación debe buscar el equilibrio entre las necesida- des humanas y la preservación natural de ecosistemas (desarrollo sustenta- ble). Para lograrlo se requiere del apo- yo de instituciones gubernamentales, órganos privados y de la población en general. Así, la legislación de casi to- dos los países regula el crecimiento de las ciudades, buscando un mejor apro- vechamiento del espacio, con el menor daño ambiental posible. En México la legislación en materia de desarrollo urbano es competencia de los congresos lo- cales. En el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa emitió la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de julio de 2010, modificada el 6 de septiembre de 2013; su más re- ciente reforma fue el 10 de enero de 2014. Las demás entidades fe- derativas tienen normatividades similares, por ejemplo: la Ley de Asentamientos Urbanos del Estado de México y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, entre otras. MODIFICACIONES RECIENTES EN EL DF El 6 de septiembre de 2013 se adi- cionan y reforman distintas dispo- siciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Dicha reforma pretendía facilitar la regu- larización de usos de suelo de algu- nos establecimientos mercantiles, para dotar de más facultades a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal sobre programas relacionados con usos de suelo de conservación, y para ampliar al- gunos plazos para la resolución de programas de desarrollo urba- no. Para más información, se pue- de consultar la Gaceta Oficial del Distrito Federal de esa fecha. La reforma que consideramos más importante se publicó el 10 de enero de 2014. Mediante ésta se pretende acabar con supuestos abu- sos de parte de algunos desarrolla- dores que, al amparo de la Ley de Desarrollo Urbano, y con la com- placencia e incluso complicidad de algunas autoridades, han utilizado indebidamente usos de suelo, pro- gramas de zonificación y licencias de construcción, entre otros instrumen- tos. Para ello, se modifican los artícu- los 11 y 95 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. En esa misma fecha fue necesario adecuar otros cuerpos normativos, como la Ley Registral para el Distrito Federal, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea), y la más delicada de to- das: el Código Penal para el Distrito Federal. El artículo 11 reformado de la Ley de Desarrollo Urbano impone a los notarios públicos la obliga- ción de obtener ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo a la firma de la escritura en que conste un acto traslativo de dominio, el certificado único de zo- nificación o el certificado de acredi- tación de uso de suelo por derechos adquiridos, y de hacer constar la inscripción correspondiente en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. Por su parte, el artículo 95, que regula medidas de seguridad, incor- pora la fracción VII que establece que la Secretaría de Desarrollo Urbano y las Delegaciones po- drán ordenar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, la custodia del fo- lio real de un predio, de manera fundada y motivada, cuando se tra- te de un procedimiento administra- tivo de revocación, relacionado con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territo- rial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del asunto. Es claro que el legislador conside- ró que una forma de proteger dere- chos de terceros y de evitar irregula- ridades y fraudes es que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio Público, entre otras auto- ridades, puedan ordenar al Registro Público de la Propiedad la custodia de folios reales y antecedentes regis- trales, además de la obligación im- puesta a los notarios.