INFRAESTRUCTURA

Real Estate Market 143 A g uA y D r e nA j e VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA La participación privada en México se ha dado por el impulso que se con- diciona desde el gobierno federal para otorgar los subsidios federales. No es el resultado de una comparación de opciones para resolver un problema, y si es seleccionada, es porque así lo- gra obtener los recursos financieros para alcanzar los resultados que se esperan de un prestador de servicios. Estos siguen contemplando al subsi- dio como la forma más conveniente para resolver los problemas, debido a que no tienen ingresos suficientes, y/o porque sin subsidios el sistema no es financieramente factible. Sin embargo, la obligación de incorporar a la empresa privada co- rresponde al responsable de los ser- vicios, generalmente los municipios, con apoyos estatales en la mayoría de los casos. Los títulos de concesión o los contratos de prestación de servi- cios son firmados en caso de que los cabildos y congresos estatales los au- toricen. Con base en las experiencias de los primeros 20 años de impulso, entre las causas principales que pro- vocaron los retrasos o cancelación de algunos proyectos de participación privada se encuentran: • La incapacidad de pago de los or- ganismos operadores. • La imposibilidad o insuficiencia de las garantías de recuperación de la inversión. • Marcos jurídicos poco claros y rígidos para la solución de proble- mas o situaciones comunes que surgen en los esquemas de parti- cipación privada. • Falta de experiencia de las partes, incluyendo a las instituciones fi- nancieras. • La crisis económica del país. El análisis de cada caso puede marcar pautas a seguir en el impul- so a la participación privada, la cual ha demostrado que bajo condiciones adecuadas de los proyectos repre- senta una opción conveniente para el desarrollo de la infraestructura de saneamiento que tanto urge al país; se ha avanzado para la eliminación o minimización de las condicionantes de éxito. Se han modificado desde las bases de las licitaciones, hasta los marcos jurídicos locales, estatales y el fede- ral. En 2012, se promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, y los riesgos asociados a los proyectos de inversión privada en el sector de agua y saneamiento se identifican para cada proyecto en particular. Las partes involucradas (autoridades, em- presa, usuarios y entes financieros), deben minimizar los riesgos en la me- dida que cada uno y el conjunto los acepte y resuelva, para que el proyec- to se lleve a cabo en tiempo, costo y eficiencia. Si cualquiera de las partes se responsabiliza por riesgos que no le corresponden, la probabilidad de falla del proyecto es alta. ©IMAGINANTESMX Toma aérea de la planta de tratamiento de Atotonilco.