Estrategias para el sector

Real Estate Market 146 También declara que la densidad y normas de construcción se harán en colaboración con los promotores de la IP, estable- cida en el artículo 16E, numeral 2b: “(Las autoridades) deter- minarán ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales, locales, y con los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas territoriales”. Asimismo, otorga el marco para esquemas de arrenda- miento privado, público y social en el inciso E numeral 2G del mismo artículo; establece la posibilidad de establecer nuevos gravámenes, como lo afirma el inciso G3, lo que significa el cobro de plusvalías a través de otra redacción, así como la expropiación de inmuebles, en su caso. “El equipamiento y la vía pública son bienes públicos y su propiedad corresponde a la CDMX. El Gobierno de la Ciudad, por causa de interés público, tendrá la facultad de transmitir el uso, goce o disfrute a los particulares y es- tablecer los gravámenes que determine la ley. Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar dichas com- pensaciones en los casos de responsabilidad de las empre- sas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles riesgosos (Inciso I, 1d)”. C ambio en el ConCepto plusvalía En el caso de la nueva Ley de Vivienda, es de resaltar cómo quedó ante la polémica que se desató por el cobro de plus- valías. En su redacción original el Artículo 94 señalaba: “El Gobierno de la Ciudad de México, deberá gene- rar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías, generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento del interés común, a través de acciones y operaciones en- caminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramien- to del espacio público, infraestructura urbana (…) la Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y po- pular, y la producción social del hábitat y vivienda”. En su nueva redacción el Artículo 94 aclara que se- rán las desarrolladoras las que colaboren con las mejo- ras: “El Gobierno de la Ciudad de México, destinará los recursos recabados por concepto de mejoras, medi- das de mitigación y/o incrementos a la densidad, por parte de empresas desarrolladoras, al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno de la zona donde se llevó a cabo el desarrollo”. n uevas oportunidades empresariales Por su parte, la nueva Ley de Vivienda, que fue aprobada en diciembre de 2016 por la ALDF, en su Artículo 37 y 39 prevé la creación de un Consejo de Vivienda, donde se analizarán las propuestas de los sectores social y privado; en el 39, vislumbra la participación dentro de este consejo, de un miembro de las cámaras empresariales del sector vivienda, mismo que sesionará una vez cada trimestre. En el 61, se establece la promoción de vivienda en renta, en esquemas con opción a compra (leasing); en el 64, se trata la promoción de la vivienda usada, en tanto que en el 69 se aborda la producción de vivienda a través de cooperativas, lo que también puede ser otro nicho para el sector. Además, se prevé la conformación del Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano para la CDMX. En el Artículo 104 incluye un rubro donde se registre y transparente la oferta y la demanda de la vivienda, que ha sido uno de los llamados que ha hecho el sector para evitar casos de corrupción. En cuanto a las sanciones, éstas se estipulan en el 107 que serían aplicables para los profesionales inmobiliarios y empresas desarrolladoras por conductas ilícitas; en el 114 se determinan las sanciones a las desarrolladoras de vivienda que irían desde la suspensión temporal, cancela- ción de la autorización, clausura definitiva o temporal, y cancelación de su registro ante la Secretaría de Vivienda hasta por seis años. Finalmente, el 117 prevé el pago de fianzas a los afectados por parte de las empresas. E n f o qu E P o rtada