Por esto, ambas situaciones tienen que ser superadas para que el sexenio actual se convierta en el “Sexenio de la Infraestructura”, señalaron especialistas durante la 70 Convención de la Asociación de Bancos de México (ABM), realizada a fi nales de marzo en Acapulco, Guerrero. “Los requerimientos de inversión, para que realmente tengamos la infraestructura necesaria en el país, son de 687 mil 905 millones de pesos, que se pueden desglosar en 375 mil 110 para infraestructura básica, como energía, comunicaciones y transportes, aguas y medioambiente, y en 312 mil 795 millones para infraestructura social, correspondiente a vivienda, salud, educación y turismo”, expresó durante su presentación Ismael Plascencia Núñez, presidente de la CONCAMIN.

Juzgó que, a pesar de la importancia del desarrollo de infraestructura para promover el crecimiento del país, no ha sido lo sufi cientemente impulsada por lo que ocupamos a nivel internacional el lugar 60 en lo tocante a la competitividad de este rubro al cierre del 2006. Así, para dar viabilidad a la meta del presente sexenio, de convertirse en la administración de la infraestructura, tendrá que darse un papel relevante al fi - nanciamiento de la infraestructura y a las empresas que participan en su ejecución. “Si aspiramos verdaderamente a que el país sea un jugador exitoso dentro de la competencia internacional, el sector bancario debe desempeñar un rol fundamental y lograr que México fi nancie su desarrollo para ser competitivo en la economía global. Tenemos que hacer que el ahorro interno se traduzca en nuevas inversiones productivas y que a la vez ese ahorro se incremente, para que pueda ser detonador de crecimiento y generador de empleos”, reflexionó Felipe Calderón, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, durante su intervención en el evento.

Asimismo, reafirmó el compromiso del gobierno, de promover estabilidad económica y un manejo responsable de las finanzas públicas, y manifestó que el mismo implica no sólo seguir un comportamiento responsable en las variables macroeconómicas, sino también promover medidas que aseguren la viabilidad financiera de nuestras instituciones. Sin embargo, el reto no es sencillo, porque según estimaciones de la ABM, México tiene una inversión pública en infraestructura de 3.4 por ciento del PIB, y de ésta, la inversión pública presupuestal es de sólo 2.4 por ciento (más 1 por ciento por la vía extrapresupuestal), lo cual es muy bajo para los estándares internacionales y más aún frente a los grandes rezagos que presenta el país. Sobre todo, si se considera que el Banco Mundial recomienda que un país con las características del nuestro debe invertir el equivalente a 8 por ciento de su PIB en infraestructura, proporción que es superada inclusive por algunos países emergentes y desarrollados que llegan a invertir hasta 10 por ciento al año.

“La infraestructura es un elemento que afecta de forma sustancial la competitividad de la economía, y cuyo desarrollo puede contribuir a reducir la pobreza, a generar un importante número de empleos directos e indirectos, a elevar el potencial de crecimiento económico, a eliminar desequilibrios regionales y a ofrecer mejores condiciones de vida para los mexicanos”, expresó Juan Guichard Michel, el entonces vicepresidente de la ABM, en las conclusiones de la mesa de trabajo que encabezó. Indicó que, de acuerdo con el consenso de los trabajos realizados, en los próximos seis años se requiere de una inversión de aproximadamente 340 mil millones de pesos para darle viabilidad a los proyectos de infraestructura que permitan expandir el potencial de crecimiento de nuestra economía, y para que se alcancen niveles de financiamiento similares a los países con los cuales nos comparamos.

Dijo que en este periodo la Banca estaría en condiciones de financiar hasta 65 mil millones de dólares con recursos propios, y el resto a través del mercado de valores y la promoción de inversión extranjera directa.  

Ello implicaría más que duplicar, de 5 a 11 mil millones de dólares anuales, el financiamiento bancario para este sector. Agregó que BANOBRAS tiene como metas aumentar el financiamiento directo en 91 mil millones, e incrementar el financiamiento vía esquemas de mejoras crediticias en 43 mil millones, lo que daría un gran total de 134 mil millones.

Por su parte, Alonso García Tamés, director General de BANOBRAS, precisó que para la presente administración, la infraestructura es reconocida como uno de los principales motores para el desarrollo nacional, y ésta se reconoce también como un elemento clave para incrementar la productividad del aparato económico nacional para elevar el bienestar de la población y para mejorar las posibilidades de desarrollo de nuestro país.

LIMITANTES PARA EL FINANCIAMIENTO

De acuerdo con la ABM, algunas de las principales limitantes que tiene el financiamiento para apoyar el sector de infraestructura son las siguientes:

1) Inseguridad jurídica.

 2) Falta de homogeneidad en la asignación de riesgos.

3) Inexistente planeación y coordinación entre entidades, federación, estados y municipios.

 4) Excesiva supervisión de la Secretaría de la Función Pública.

5) Transformación de la Banca de Desarrollo.

6) Debilidades estructurales del mercado local, como una limitada capitalización de las empresas mexicanas del sector construcción e infraestructura; limitada experiencia de empresas mexicanas en el sector de la infraestructura; pocas son las instituciones financieras en México que pueden sindicar créditos en pesos, y además, pulverizar los riesgos.

7) Limitaciones en los proyectos de estados y municipios, debido a la existencia de un marco jurídico diferente en los ámbitos federal, estatal y municipal; el tamaño reducido de los proyectos no hace eficiente los costos de un Project Finance; trabajar con organismos públicos con fuertes ineficiencias y bajas tarifas, lo cual genera calificaciones bajas, y fuertes limitaciones a otorgar los ingresos públicos como fuente de pago.

8) Los mecanismos actuales de licitación son costosos y polémicos, ya que muchos participantes son descalificados por requerimientos distintos al precio después de haber efectuado fuertes gastos en el concurso.

9) Falta de recursos presupuestales para detonar proyectos de infraestructura, debido a que la presión presupuestal que ejerce el gasto social deja poco espacio para la asignación de recursos presupuestales al gasto en infraestructura.

 PROPUESTAS PARA SUPERAR LIMITANTES DEL SECTOR

 Los participantes en el panel de infraestructura de la ABM lograron un consenso para trabajar en una agenda común, con los objetivos de encontrar soluciones de fondo a los problemas identificados. Dichos fi nes se enuncian a continuación. - Establecer una política pública de largo plazo en materia de infraestructura, además de que sea común y bien coordinada entre la federación, los estados y los municipios.

- Hacer mejoras al marco legal que rige al sector de infraestructura, para lo cual se plantea la necesidad de impulsar, ante las  instancias correspondientes, la opción de una definición única de inversión pública productiva, de forma que el financiamiento que se busca para este sector no se destine a fines de gasto corriente.

- Impulsar la homologación de las legislaciones estatales y municipales en materia de adquisición, deuda y obra pública, ya que su diversidad genera incertidumbre, mayor riesgo, y mayores costos, lo que inhibe la participación del sector privado en la construcción de infraestructura, sobre todo en algunas entidades del país.

- Consultar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la necesidad de adecuar el marco de capitalización de los riesgos de crédito y de mercado, así como la generación de las consecuentes reservas preventivas, para reconocer el riesgo gubernamental implícito en las operaciones financieras del sistema bancario con las entidades públicas.

- Impulsar una mayor vinculación de la Banca Comercial y de la Banca de Desarrollo, para que las pequeñas empresas locales se encuentren en posibilidad de competir y participar en la ampliación y modernización de la infraestructura de los estados y municipios, cumpliendo así con la responsabilidad social de financiar los proyectos productivos del país y de contribuir al desarrollo regional equilibrado.

- Tener una banca de desarrollo fuerte en el país, que recupere su vocación de banca de fomento, complementaria a los esfuerzos de la banca comercial, de tal forma que se amplíe el financiamiento al sector de la infraestructura.

- BANOBRAS puede y debe jugar un papel más importante en la promoción y asesoramiento de esquemas de financiamiento, que han probado ser muy exitosos, como son los PPS’s, aprovechando la vinculación existente de esta institución con los gobiernos federales y subnacionales.

- Establecer mayor comunicación con la Secretaría de la Función Pública y promover la creación de un área especializada para generar cuadros expertos en los complejos esquemas de financiamiento que requieren los proyectos de infraestructura, de forma que se brinde mayor certidumbre en la toma de decisiones de los servidores públicos a la banca comercial y a los contratistas. Asimismo, trabajar con esa dependencia para darle mayor dinamismo y certidumbre a los procesos de licitación de obra pública.

Como se observa, superar el reto de crear la infraestructura que nuestro país necesita no es sencillo, pero si se logra se podrá materializar lo que expresó el presidente de CONCAMIN: “La infraestructura puede ser generadora de un círculo virtuoso: si tenemos financiamiento creamos infraestructura. Sin infraestructura llega la inversión. Si tenemos inversión tenemos mayor financiamiento, por ende mayor producción, y a la vez somos generadores de empleo”.