Lo anterior, aunado a la suspensión de actividades de diversas autoridades por la contingencia sanitaria para la obtención y renovación de permisos de construcción, sumado a la crisis financiera que enfrentan múltiples empresas, está dando lugar al incumplimiento de obligaciones contractuales frente a todo tipo de actores involucrados en proyectos inmobiliarios.
Ante ello, se pronostica una ola de conflictos que tendrán que dirimirse por la vía legal.
“El problema es que muchos de ellos se resolverán en tribunales saturados y por manos que no son expertas en materia inmobiliaria”, destacó Roberto Fernández del Valle, socio a cargo del área de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) de la firma Santamarina y Steta.
Y es que la mayoría de los grandes proyectos inmobiliarios carece de contratos en los que se contemplen Paneles de Solución de Controversias, que son órganos formales permanentes poco utilizados en nuestro país que podrían establecerse a la firma o al inicio de la ejecución de un contrato a mediano o largo plazo.
Lo anterior, con el fin de ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desavenencia que pudiera surgir durante la vida del contrato. “Este tipo de mecanismo alterno de resolución de controversias se utiliza en proyectos plurianuales y complejos, en donde la pérdida de tiempo en resolver un conflicto puede poner en riesgo la viabilidad misma del proyecto”, agregó Fernández del Valle.
El especialista en derecho inmobiliario señaló que hay experiencias nacionales e internacionales en las que las controversias de proyectos inmobiliarios ya se han resuelto positivamente y sin retrasos que representan enormes cantidades de dinero. Entre ellas, mencionó proyectos emblemáticos como la ampliación del Canal de Panamá y el túnel en el Canal de la Mancha.
En México, señaló, están los proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) como la Clínica Mérida y el Hospital General de Tabasco, junto con diversos proyectos de infraestructura hidroeléctrica, entre otros.
