Desde hace varias semanas, la Asamblea Constituyente aprobó el artículo 20 que impulsó la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, así como los de cada futura alcaldía, que contemplan los programas parciales de colonias, pueblos y barrios en la capital.

Este Plan será elaborado por el propio Instituto de Planeación, donde los planes de las alcaldías deberán ser congruentes. Debido a que el Gobierno Federal recientemente impugnó la nueva Constitución, Real Estate Market & Lifestyle entrevistó en exclusiva a la diputada Elvira Daniel respecto a la medida:

“El Instituto no está impugnado porque es materia de planeación como plan de gobierno; al contrario, los planes del gobierno están previstos en la Constitución Federal. Lo que está impugnado es si la CDMX puede legislar o no el patrimonio nacional, en monumentos artísticos, eso sí está impugnado. Pero la planeación territorial no”.

Cuestionada sobre este nuevo Instituto que tendrá una injerencia directa en los planes de desarrollo urbano, infraestructura y construcción de vivienda a futuro en las alcaldías y la capital, destacó que debe acotarse su poder con reglas claras:

“El Instituto para mí es un ente súper poderoso, y el riesgo está en esa condición. Creo que la legislación secundaria debe poner reglas bien claras, de lo que sí y lo que no puede hacer. Yo estuve en contra que las alcaldías hicieran los planes territoriales, porque digo, si vamos a hacer un Instituto, ¿para qué queremos que las alcaldías hagan planes?”.

Aclaró lo anterior en el sentido que hubo varios diputados que fueron delegados con interés en contar con formas de control político y se buscó que los lineamientos fueran acordes a lo establecido por el Instituto y sus dictaminaciones en materia para realizar el desarrollo urbano en cada demarcación.

“La alcaldía hace el plan de desarrollo territorial con los lineamientos del Instituto, con gente del Instituto, y tiene que ser dictaminado por el Instituto para que sea enviado por el Jefe de Gobierno y sancionado por el congreso, para que el alcalde no tenga manga ancha. Sí hay una parte política en la planeación territorial sin duda, y ganaron la votación en ese sentido”, reconoció.

Al preguntársele cómo puede el Instituto impulsar el uso técnico del suelo y sobre la participación del sector inmobiliario y que al mismo tiempo no se excluya a la población de las decisiones que afectarán el desarrollo de los diversas comunidades en la capital, dijo que el Instituto contará con una parte ciudadana.

“El Instituto ya prevé amplia participación ciudadana. De hecho, tiene siete ciudadanos dentro de la junta de gobierno y una parte de consejo consultivo ciudadano. Ahora, los desarrollos inmobiliarios también están conformados por ciudadanos. Tiene que haber una amplia participación de los que construyen e inventan la ciudad. Por eso habrá un Instituto que irá más allá de una política de gobierno, de una política de poder ejecutivo. Será un Instituto ciudadano con planes a 20 años, revisables cada cinco, con planes territoriales a cada 15. Esa es la intención del Instituto: que haya una planeación para la ciudad que queremos”.

La legisladora aclaró que la instrumentación de este Instituto y las leyes contará con un periodo que irá desde 2019 hasta 2021, para su entrada en vigor y tendrá que ver con la Ley General de Población federal, una ley de planeación urbana, y diversas leyes en materia de desarrollo. “Hay diferentes momentos, de acuerdo a los transitorios, para la entrada en vigor tanto para el Instituto como para los planes generales, planes de alcaldías, programas territoriales, y la ley del propio instituto”.

Finalmente, cuando se le pidió dar un mensaje a la ciudadanía sobre el tema de la plusvalía, fue enfática: “No quedó. No hay plusvalía. Para mí era una mala ocurrencia. La plusvalía ya se cobra. Cuando compras un inmueble hoy y lo quieres vender en 15 años, tú tienes que pagar tu ISR y ese impuesto va directo a las arcas de la ciudad. Me parece que era una pésima redacción para tratar de sobre cobrar cantidades adicionales. La plusvalía, para mí, que quede claro, no quedó”.